Autor: Mtro. Rodrigo Alejandro Ramos Gómez El primer caso en la historia en ser remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas El 19 marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas tomó una decisión de enorme importancia: llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, por considerar que existen indicios sólidos de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática en el país. Esta decisión no es una sanción ni una condena automática, es verdaderamente alarmante que de todas las peticiones urgentes que recibe el Comité a nivel global el 36.5% provengan de México; y si bien a nivel nacional varios actores políticos, incluida la presidenta de la República ha minimizado su impacto y sus conclusiones, lo cierto es que debería ser una señal para las autoridades nacionales para incrementar exponencialmente los esfuerzos para prevenir y sancionar este delito. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta marzo de 2026 se reportan más de 110,000 personas desaparecidas en México. De estos casos, menos del 5% han sido resueltos, lo que implica que la inmensa mayoría de familias sigue sin respuestas ni justicia. En otras entradas se analizará si las críticas y el rechazo a la decisión del Comité resultan fundadas, o si parten de un indebido entendimiento del derecho internacional, sin embargo, en la presente simplemente se tratará de explicar, de manera sencilla, las conclusiones principales del Comité. A. Un problema grave que persiste en el tiempo La primera conclusión del Comité es que las desapariciones forzadas en México no son hechos aislados, ni problemas del pasado. Según la información analizada desde 2012 hasta 2026, la situación no ha mejorado, a pesar de leyes, instituciones y promesas oficiales. El número de personas desaparecidas continúa aumentando, y la mayoría de los casos no se resuelve, ni se investiga de forma adecuada. Esta realidad ha generado impunidad, sufrimiento prolongado para las familias y una crisis humanitaria profunda. B. Participación directa o indirecta de autoridades El Comité concluye que existen indicios bien fundados de que muchas desapariciones fueron cometidas:

• Directamente por servidores públicos (policías, fuerzas de seguridad u otras autoridades), o
• Por grupos criminales, pero con apoyo, aquiescencia o tolerancia de autoridades estatales; se destacan casos como los campamentos de reclutamiento forzado encontrados en Tala y Teuchitlán, que operaron durante años con plena visibilidad, sin que las autoridades actuaran, a pesar de las denuncias de colectivos y comunidades, e incluso con la participación del presidente municipal quien presuntamente apoyaba al Cártel Jalisco Nueva Generación.

C. No se trata de hechos al azar Otra conclusión clave es que las desapariciones siguen patrones claros. El Comité observó que:

• Se repiten formas similares de detención ilegal.
• Se utilizan recursos públicos (vehículos oficiales, instalaciones, armas).
• Existen zonas y periodos donde las desapariciones se concentran.

Por lo tanto, estas desapariciones forman parte de ataques dirigidos contra la población civil, no contra combatientes ni grupos armados. Las víctimas son personas comunes: jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores, niñas y niños. No son daños colaterales, sino objetivos directos de prácticas violentas que buscan controlar territorios, silenciar o someter a la población. D. ¿Crímenes de lesa humanidad? Una de las conclusiones más relevantes es que el Comité considera que existen elementos para hablar de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional. Esto significa que las desapariciones forzadas analizadas:

• Constituyen un ataque sistemático o generalizado.
• El ataque forma parte de una política de Estado o de una Organización.
• Se comete en contra de la población civil.

No obstante, el Comité aclara un punto importante. Aunque las desapariciones son generalizadas y sistemáticas en varias regiones, el Comité no encontró pruebas suficientes para afirmar que exista una política federal deliberada, diseñada desde el gobierno central, para cometer desapariciones. El problema surge porque a pesar de que el Estado mexicano tiene conocimiento y es consciente de la práctica de las organizaciones criminales de cometer este tipo de delitos, los esfuerzos realizados han resultado insuficientes e ineficaces, pues no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta de avances efectivos en la búsqueda e investigación de la mayoría de los casos denunciados; el ocultamiento de información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores; la alarmante crisis forense y la falta de apoyo a los allegados que luchan a diario para buscar a sus seres queridos E. El Estado ha hecho esfuerzos, pero son insuficientes En consonancia con lo anterior, el Comité reconoce que México ha creado leyes, fiscalías, comisiones de búsqueda y registros. Sin embargo, concluye que estos esfuerzos no han sido suficientes ni eficaces. Persisten problemas como:

• Investigaciones lentas o fragmentadas.
• Falta de coordinación entre autoridades.
• Crisis forense con miles de cuerpos sin identificar.
• Sobrecarga y abandono de las familias, que muchas veces buscan solas.

F. ¿Por qué llevar el caso a la Asamblea General de la ONU? El Comité decidió acudir a la Asamblea General porque considera que la magnitud del problema supera las capacidades actuales y requiere apoyo internacional. El objetivo no es castigar, sino:

• Obtener cooperación técnica y financiera.
• Fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
• Apoyar investigaciones independientes y eficaces.
• Proteger a las familias y a quienes defienden derechos humanos.
• Contribuir a conocer la verdad y evitar que estos crímenes se repitan.

Un llamado urgente En conclusión, el Comité afirma que las desapariciones forzadas en México siguen ocurriendo, que afectan gravemente a la población civil y que la respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la magnitud del daño. Llevar esta situación ante la Asamblea General de la ONU es un llamado urgente, tanto para que el Estado mexicano refuerce sus acciones como para que la comunidad internacional acompañe, apoye y vigile la protección de todas las personas contra la desaparición forzada.